El Poder Ejecutivo ofreció 1.400 casas y el financiamiento para la importación directa de llantas y vehículos. Así logró desactivar el paro indefinido que pretendía llevar adelante desde hoy la Confederación de Choferes de Bolivia en respuesta a la falta de atención a su pliego de 12 demandas.
Luego de una reunión que duró alrededor de una hora con autoridades del Ministerio de Hacienda, representantes de la organización sindical anunciaron un cuarto intermedio hasta el 1 de julio.
Sin embargo, como la comunicación sobre el acuerdo llegó muy tarde a Cochabamba, el representante del transporte pesado de ese departamento, Jhonny Torrico, aseguró que hoy en la mañana su sector decidirá si va o no al paro y al bloqueo establecido para la fecha.
Quedó pendiente de negociación con el Gobierno la demanda del transporte pesado de revisar el pago del Impuesto a las Utilidades a las Empresas (IUE) de manera simplificada.
El secretario de Relaciones de la Confederación, Sixto Sandi, informó que hasta el 1 de julio se analizará la propuesta que hizo el Ejecutivo en este tema.
En principio, el sector pedía retornar al sistema tributario integrado por el cual sólo pagaba 700 bolivianos cada tres meses. Esto porque tras la aplicación del Decreto 28988, vigente desde 2006, pasó al régimen general y debe tributar 2.500 bolivianos anuales por el IUE.
El Gobierno rechazó esa posibilidad, motivo por el cual planteó una nueva oferta. El secretario ejecutivo del Transporte Pesado, Rubén Pérez, informó que el Ejecutivo sugirió que los tráilers o grandes camiones cancelen 2.600 bolivianos; los medianos, 2.200 y los pequeños con capacidad máxima de diez toneladas, unos 1.900 bolivianos.
No obstante, como parte del acuerdo previo, el Poder Ejecutivo se comprometió a dotar a los choferes de 1.400 viviendas; buscar una línea de financiamiento para importar vehículos de China e Irán y la compra directa de llantas; garantizar el abastecimiento de diésel en el país.
También se evalúa una Ley General de Transporte y el proyecto de decreto para la conversión a gas natural vehicular (GNV) de las movilidades del sector. Respecto de la solicitud de prohibición del ingreso de vehículos “transformers”, el Gobierno evalúa el crecimiento de la importación y la posibilidad de imponer restricciones.
Lo mismo se hace con la petición de disminuir la alícuota del Impuesto a las Transacciones Municipales (ITM) de 3 a 1,5 por ciento, y el Ejecutivo incorporó a la Confederación en el control social de carreteras.
Respecto del pedido de los choferes urbanos para el alza de las tarifas del transporte público, se convino esperar a que la Superintendencia del área tenga los estudios correspondientes.
Luego de una reunión que duró alrededor de una hora con autoridades del Ministerio de Hacienda, representantes de la organización sindical anunciaron un cuarto intermedio hasta el 1 de julio.
Sin embargo, como la comunicación sobre el acuerdo llegó muy tarde a Cochabamba, el representante del transporte pesado de ese departamento, Jhonny Torrico, aseguró que hoy en la mañana su sector decidirá si va o no al paro y al bloqueo establecido para la fecha.
Quedó pendiente de negociación con el Gobierno la demanda del transporte pesado de revisar el pago del Impuesto a las Utilidades a las Empresas (IUE) de manera simplificada.
El secretario de Relaciones de la Confederación, Sixto Sandi, informó que hasta el 1 de julio se analizará la propuesta que hizo el Ejecutivo en este tema.
En principio, el sector pedía retornar al sistema tributario integrado por el cual sólo pagaba 700 bolivianos cada tres meses. Esto porque tras la aplicación del Decreto 28988, vigente desde 2006, pasó al régimen general y debe tributar 2.500 bolivianos anuales por el IUE.
El Gobierno rechazó esa posibilidad, motivo por el cual planteó una nueva oferta. El secretario ejecutivo del Transporte Pesado, Rubén Pérez, informó que el Ejecutivo sugirió que los tráilers o grandes camiones cancelen 2.600 bolivianos; los medianos, 2.200 y los pequeños con capacidad máxima de diez toneladas, unos 1.900 bolivianos.
No obstante, como parte del acuerdo previo, el Poder Ejecutivo se comprometió a dotar a los choferes de 1.400 viviendas; buscar una línea de financiamiento para importar vehículos de China e Irán y la compra directa de llantas; garantizar el abastecimiento de diésel en el país.
También se evalúa una Ley General de Transporte y el proyecto de decreto para la conversión a gas natural vehicular (GNV) de las movilidades del sector. Respecto de la solicitud de prohibición del ingreso de vehículos “transformers”, el Gobierno evalúa el crecimiento de la importación y la posibilidad de imponer restricciones.
Lo mismo se hace con la petición de disminuir la alícuota del Impuesto a las Transacciones Municipales (ITM) de 3 a 1,5 por ciento, y el Ejecutivo incorporó a la Confederación en el control social de carreteras.
Respecto del pedido de los choferes urbanos para el alza de las tarifas del transporte público, se convino esperar a que la Superintendencia del área tenga los estudios correspondientes.
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