Los dueños de autos indocumentados plantearon ayer entregar sus vehículos a la Aduana a cambio de que el Estado les pague la suma de 5.000 dólares por motorizado, en un intento por recuperar -según dicen- sus inversiones.
La decisión fue tomada ayer en una reunión realizada en Caranavi, mientras otro grupo de dueños se reunió en la Chiquitania para exigir una audiencia con el presidente Evo Morales.
El dirigente de la asociación de dueños de autos chutos, Humberto Silvestre, afirmó ayer en Cadena A que "nosotros no nos estamos negando a entregar nuestros autos, pero siempre y cuando se valoricen en 5.000 dólares y el Estado nos devuelva en la cuenta de la empresa importadora Toyosa, para que sea la primera cuota inicial para tener nuestros autos legales con placa y cero kilómetros para aportar a la política nacional en la soberanía del Estado”.
El representante de este sector también dijo que 5.000 dólares es el costo promedio de sus motorizados, que actualmente -dijo- ayudan a dar seguridad alimentaria al país porque son usados en la producción agrícola y pecuaria en las provincias.
"Es el trabajo de varios años y transporte de nuestros productos al mercado y para contribuir a la seguridad alimentaria nacional (...), con desastre sin desastre, hemos garantizado la seguridad alimentaria nacional gracias a esos autos”, dijo Silvestre.
Los propietarios de autos indocumentados están demandando la regularización de sus motorizados, que alcanzan a 33.697, según la Aduana, y hay 1.000 vehículos con placas clonadas. El dirigente de los propietarios de los chutos, Isaac Ávila, responsabilizó a las autoridades aduaneras por el pésimo control de las fronteras, porque los traficantes de estos vehículos internan los motorizados y venden a los campesinos en las provincias.
El Gobierno y la Aduana Nacional rechazaron la posibilidad de dictar otra amnistía para la nacionalización de autos y comenzaron a incautarlos. Según el último reporte, hay 195 confiscados en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, principalmente.
No obstante, los poseedores de los vehículos buscan una audiencia con el presidente Evo Morales el martes a las 10:00. "A partir de esa negociación se dará las futuras acciones, (nuestra) posición es poder legalizar los autos indocumentados para contribuir al Estado. No queremos estafar a nuestro Estado”, declaró el dirigente Silvestre.
Una fuente de Palacio Quemado indicó que no llegó ninguna solicitud de audiencia de los propietarios de chutos.
En San José de Chiquitos, Santa Cruz, también se realizó la Cumbre en Defensa de la Herramienta de Trabajo, que reunió a unos mil propietarios, según el reporte de la red Bolivisión.
"Estos vehículos, en su mayoría internados de Brasil, se constituyen hasta ahora en una herramienta de trabajo”, dijo uno de los representantes.
Asimismo, identificó que "la arbitrariedad con la que se viene actuando en la confiscación de nuestra herramienta vulnera nuestros derechos constitucionales al trabajo digno”.
Este grupo advirtió de que si en plazo de 10 días no existe una respuesta oficial de la Aduana y el Gobierno, iniciarán medidas de presión para ser escuchados, aunque no quiso adelantar qué medidas asumirán en todo el país.
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