El Gobierno evitó, durante el fin de semana, que los choferes paralicen sus actividades entre hoy y mañana, y aceptó que éste y otros sectores participen en la redacción del reglamento del Decreto Supremo 420, así como en la elaboración de la política nacional de seguridad vial.
Los choferes pretenden evitar que por la infracción cometida por un chofer ebrio sean sancionados los propietarios de los vehículos de transporte masivo y las líneas sindicales, que será el planteamiento del gremio en las reuniones de debate.
El Gobierno promulgó el Decreto 420 como consecuencia de que nueve accidentes en carreteras y vías urbanas cobraron la vida de 92 personas y dejaron heridas a 217 en el primer mes del año.
Como consecuencia de estos siniestros, Flota Cosmos no puede efectuar viajes en la ruta Santa Cruz-Cochabamba y Expreso Cochabamba está imposibilitado de ofrecer sus servicios a los viajeros.
Ayer en conferencia de prensa, los ministros Wálter Delgadillo, de Obras Públicas y Servicios, y Sacha Llorenti, de Gobierno, anunciaron la firma de ese documento y que en los alcances de la futura ley de seguridad vial se abarcará al transporte urbano y a conductores particulares.
Por la tarde, el dirigente Dino Villca confirmó que se suspendieron las medidas de protesta como consecuencia del convenio alcanzado con el Órgano Ejecutivo.
Entretanto, en declaraciones ofrecidas a radio Panamericana, el principal dirigente del sector, Franklin Durán, confirmó ayer que la comisión se reunirá desde hoy “por tiempo y materia” para redactar el proyecto en cuestión.
Llorenti aseguró que el contenido del Decreto 420 no será modificado, pero sí será reglamentado para definir “los procedimientos concretos de su aplicación para no caer en injusticias y manipulaciones”.
Delgadillo informó que “hay tres cosas que son de absoluto acuerdo”. La primera es que “los choferes se suman a la campaña nacional por la defensa de la vida en las carreteras del país. Es además (…) una forma de dignificar al sector”.
El Ministro de Gobierno agregó que esta serie de acciones tiende a proteger la vida de los mismos choferes de ómnibus.
La segunda es que “se ratifica la revocatoria definitiva de las licencias de conducir a los infractores de las normas de tránsito al manejar en estado de ebriedad”.
La tercera es que “hay corresponsabilidad en el tema de la seguridad vial. Estamos hablando de operadores, propietarios, conductores y de otras instituciones ligadas al transporte”, como el Organismo Operativo de Tránsito y la Policía Caminera, el Viceministerio de Transportes y la Autoridad de Supervisión y Control Social de Transportes y Telecomunicaciones (ATT).
Llorenti hizo votos por que la comisión redactora concluya “a la brevedad posible” su trabajo, a fin de que el correspondiente proyecto de ley sea considerado por la Asamblea Legislativa, aunque no mencionó los plazos para concluir esta tarea.
Delgadillo definió esta labor como el “desafío fundamental del Estado. Trabajaremos con los choferes y todos los actores del transporte”.
Autoridades y conductores prepararán la Ley de Seguridad Vial.
El sindicato exige flexibilidad
Armando Gómez, secretario ejecutivo del Sindicato de Omnibuses La Paz, afirmó que su sector espera que el Gobierno flexibilice la drasticidad de las medidas incluidas en el Decreto Supremo 420, porque atentan contra la supervivencia de su sector.
“Hemos participado en la reunión y tenemos conocimiento de todo lo que se dijo. Esperamos que las autoridades hayan comprendido nuestras observaciones y modifiquen algunos puntos de mencionado decreto”.
Gómez manifestó que “la esencia” del decreto es aceptable, tanto como la molestia y preocupación de la ciudadanía pero que se rechaza la “severidad y dureza con la que pretendían golpear al sector del transporte interdepartamental”.
“Lo que se pretenden con esta medida es que dejemos de lado nuestros carros, es botar dinero. Nadie, absolutamente nadie, envía su coche para que lo destruyan. Es una inversión grande la que hacen los propietarios. De lo contrario el transporte tendrá que desaparecer”.
El dirigente indicó que, si se cumplen estrictamente las disposiciones de este decreto, “el transporte privado tendrá que desaparecer”.
Los choferes pretenden evitar que por la infracción cometida por un chofer ebrio sean sancionados los propietarios de los vehículos de transporte masivo y las líneas sindicales, que será el planteamiento del gremio en las reuniones de debate.
El Gobierno promulgó el Decreto 420 como consecuencia de que nueve accidentes en carreteras y vías urbanas cobraron la vida de 92 personas y dejaron heridas a 217 en el primer mes del año.
Como consecuencia de estos siniestros, Flota Cosmos no puede efectuar viajes en la ruta Santa Cruz-Cochabamba y Expreso Cochabamba está imposibilitado de ofrecer sus servicios a los viajeros.
Ayer en conferencia de prensa, los ministros Wálter Delgadillo, de Obras Públicas y Servicios, y Sacha Llorenti, de Gobierno, anunciaron la firma de ese documento y que en los alcances de la futura ley de seguridad vial se abarcará al transporte urbano y a conductores particulares.
Por la tarde, el dirigente Dino Villca confirmó que se suspendieron las medidas de protesta como consecuencia del convenio alcanzado con el Órgano Ejecutivo.
Entretanto, en declaraciones ofrecidas a radio Panamericana, el principal dirigente del sector, Franklin Durán, confirmó ayer que la comisión se reunirá desde hoy “por tiempo y materia” para redactar el proyecto en cuestión.
Llorenti aseguró que el contenido del Decreto 420 no será modificado, pero sí será reglamentado para definir “los procedimientos concretos de su aplicación para no caer en injusticias y manipulaciones”.
Delgadillo informó que “hay tres cosas que son de absoluto acuerdo”. La primera es que “los choferes se suman a la campaña nacional por la defensa de la vida en las carreteras del país. Es además (…) una forma de dignificar al sector”.
El Ministro de Gobierno agregó que esta serie de acciones tiende a proteger la vida de los mismos choferes de ómnibus.
La segunda es que “se ratifica la revocatoria definitiva de las licencias de conducir a los infractores de las normas de tránsito al manejar en estado de ebriedad”.
La tercera es que “hay corresponsabilidad en el tema de la seguridad vial. Estamos hablando de operadores, propietarios, conductores y de otras instituciones ligadas al transporte”, como el Organismo Operativo de Tránsito y la Policía Caminera, el Viceministerio de Transportes y la Autoridad de Supervisión y Control Social de Transportes y Telecomunicaciones (ATT).
Llorenti hizo votos por que la comisión redactora concluya “a la brevedad posible” su trabajo, a fin de que el correspondiente proyecto de ley sea considerado por la Asamblea Legislativa, aunque no mencionó los plazos para concluir esta tarea.
Delgadillo definió esta labor como el “desafío fundamental del Estado. Trabajaremos con los choferes y todos los actores del transporte”.
Autoridades y conductores prepararán la Ley de Seguridad Vial.
El sindicato exige flexibilidad
Armando Gómez, secretario ejecutivo del Sindicato de Omnibuses La Paz, afirmó que su sector espera que el Gobierno flexibilice la drasticidad de las medidas incluidas en el Decreto Supremo 420, porque atentan contra la supervivencia de su sector.
“Hemos participado en la reunión y tenemos conocimiento de todo lo que se dijo. Esperamos que las autoridades hayan comprendido nuestras observaciones y modifiquen algunos puntos de mencionado decreto”.
Gómez manifestó que “la esencia” del decreto es aceptable, tanto como la molestia y preocupación de la ciudadanía pero que se rechaza la “severidad y dureza con la que pretendían golpear al sector del transporte interdepartamental”.
“Lo que se pretenden con esta medida es que dejemos de lado nuestros carros, es botar dinero. Nadie, absolutamente nadie, envía su coche para que lo destruyan. Es una inversión grande la que hacen los propietarios. De lo contrario el transporte tendrá que desaparecer”.
El dirigente indicó que, si se cumplen estrictamente las disposiciones de este decreto, “el transporte privado tendrá que desaparecer”.
