La Confederación de Choferes de Bolivia amenazó con un paro desde las cero horas del miércoles por la falta de atención a sus demandas y porque considera que pasó demasiado tiempo para que se fije el alza de las tarifas del transporte público en las ciudades del país.
El secretario ejecutivo de la organización sindical, Franklin Durán, informó que este lunes se evaluará junto con las federaciones afiliadas la atención a los 11 puntos del pliego petitorio presentado hace dos meses al Gobierno.
La Prensa intentó comunicarse con el viceministro de Transportes, José Kinn, pero sus teléfonos estaban apagados.
Los choferes exigen la aprobación de una Ley General de Transporte, la creación de un seguro de salud, financiamiento para renovar el parque automotor, importación directa de llantas, cambio de matriz energética, inclusión del sector en el Plan de Vivienda Solidaria y el retorno del transporte pesado al sistema tributario integrado, al que pertenecía hasta 2006.
Mediante el Decreto 28988, pasaron al régimen general y pagan 2.500 bolivianos anuales por el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE). Antes sólo tributaban 700 bolivianos cada tres meses.
Los transportistas demandan, a su vez, el descargo de todo tipo de facturas para crédito fiscal y la prohibición de internación de vehículos transformers por tres a cinco años, además del abastecimiento de diésel y lubricantes.
El ministro de Hacienda, Luis Arce, informó que el sector puede presentar facturas por alojamiento en hoteles, vestimenta y gastos en salud.
Los choferes exigen también la rebaja de 3 a 1,5 por ciento del Impuesto a las Transacciones Municipales por la transferencia de vehículos y la eliminación de la facultad de la Superintendencia de Transportes de emitir sanciones.
Durán explicó que está pendiente la aprobación de las nuevas tarifas para el transporte público, luego de que las federaciones presentaran a la Superintendencia sus hojas de costos.
El último ampliado del sector determinó dar plazo hasta el martes 24 al Gobierno para la atención de los puntos, pero resaltó que el lunes se hará una evaluación general. Para ese fin se espera una reunión con autoridades gubernamentales en las próximas horas.
De los puntos del pliego, se tiene el compromiso del Ejecutivo de dotar al sector de 1.400 viviendas y de transferirle el control en el mantenimiento de vías.
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que hace dos semanas hizo un recorrido por varios tramos carreteros del país y con un notario de fe pública se constató el adecuado mantenimiento.
El secretario ejecutivo de la Federación del Autotransporte de Cochabamba, Édgar Zurita, señaló que el ajuste de las tarifas es importante porque éstas se mantienen congeladas desde la gestión 2005.
Aseguró que el paro es inminente por la falta de atención del Gobierno.
El superintendente de Transportes, Wilson Villarroel, informó que esta semana presentará el estudio técnico tarifario para Cochabamba y en dos semanas, el de La Paz.
Se concluyeron los informes para Sucre y Oruro y se entregaron al Poder Ejecutivo. Los documentos toman en cuenta los costos presentados por el sector y evaluaciones de campo.
“No se puede soslayar que algunos repuestos sufrieron variaciones y el estudio que hacemos tiene el objetivo de advertir si su incidencia puede hacer variar las tarifas máximas”.
El 4 de marzo, la Confederación solicitó el alza del pasaje de minibús de 1,50 a 2,47 bolivianos y el del micro de 1,30 a 2,10 bolivianos en La Paz. El transporte de carga amenazó con movilizaciones desde el 24.
El secretario ejecutivo de la organización sindical, Franklin Durán, informó que este lunes se evaluará junto con las federaciones afiliadas la atención a los 11 puntos del pliego petitorio presentado hace dos meses al Gobierno.
La Prensa intentó comunicarse con el viceministro de Transportes, José Kinn, pero sus teléfonos estaban apagados.
Los choferes exigen la aprobación de una Ley General de Transporte, la creación de un seguro de salud, financiamiento para renovar el parque automotor, importación directa de llantas, cambio de matriz energética, inclusión del sector en el Plan de Vivienda Solidaria y el retorno del transporte pesado al sistema tributario integrado, al que pertenecía hasta 2006.
Mediante el Decreto 28988, pasaron al régimen general y pagan 2.500 bolivianos anuales por el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE). Antes sólo tributaban 700 bolivianos cada tres meses.
Los transportistas demandan, a su vez, el descargo de todo tipo de facturas para crédito fiscal y la prohibición de internación de vehículos transformers por tres a cinco años, además del abastecimiento de diésel y lubricantes.
El ministro de Hacienda, Luis Arce, informó que el sector puede presentar facturas por alojamiento en hoteles, vestimenta y gastos en salud.
Los choferes exigen también la rebaja de 3 a 1,5 por ciento del Impuesto a las Transacciones Municipales por la transferencia de vehículos y la eliminación de la facultad de la Superintendencia de Transportes de emitir sanciones.
Durán explicó que está pendiente la aprobación de las nuevas tarifas para el transporte público, luego de que las federaciones presentaran a la Superintendencia sus hojas de costos.
El último ampliado del sector determinó dar plazo hasta el martes 24 al Gobierno para la atención de los puntos, pero resaltó que el lunes se hará una evaluación general. Para ese fin se espera una reunión con autoridades gubernamentales en las próximas horas.
De los puntos del pliego, se tiene el compromiso del Ejecutivo de dotar al sector de 1.400 viviendas y de transferirle el control en el mantenimiento de vías.
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que hace dos semanas hizo un recorrido por varios tramos carreteros del país y con un notario de fe pública se constató el adecuado mantenimiento.
El secretario ejecutivo de la Federación del Autotransporte de Cochabamba, Édgar Zurita, señaló que el ajuste de las tarifas es importante porque éstas se mantienen congeladas desde la gestión 2005.
Aseguró que el paro es inminente por la falta de atención del Gobierno.
El superintendente de Transportes, Wilson Villarroel, informó que esta semana presentará el estudio técnico tarifario para Cochabamba y en dos semanas, el de La Paz.
Se concluyeron los informes para Sucre y Oruro y se entregaron al Poder Ejecutivo. Los documentos toman en cuenta los costos presentados por el sector y evaluaciones de campo.
“No se puede soslayar que algunos repuestos sufrieron variaciones y el estudio que hacemos tiene el objetivo de advertir si su incidencia puede hacer variar las tarifas máximas”.
El 4 de marzo, la Confederación solicitó el alza del pasaje de minibús de 1,50 a 2,47 bolivianos y el del micro de 1,30 a 2,10 bolivianos en La Paz. El transporte de carga amenazó con movilizaciones desde el 24.
No hay comentarios:
Publicar un comentario