16 julio 2014

El tránsito de autos ‘chutos’ se extiende en otras regiones de Bolivia

Los vehículos indocumentados y sin placas siguen propagándose en poblaciones alejadas de las ciudades. En San Buenaventura hay hasta una flota de móviles para el turismo sin placas. En Rurrenabaque sucede algo similar. Las autoridades municipales reconocen la situación y esperan soluciones con autoridades del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) y la Policía.

La alcaldesa de San Buenaventura, Anahí Hirose, reconoció que por su municipio circulan motorizados “de dos y cuatro ruedas, pequeños, pero no en gran cantidad como en otros municipios”, y dijo que en la tarea de registrarlos, hubo demora “por las exigencias con el RUAT”.

Se observó que inclusive los rodados de Transportes Turísticos Madidi, que funciona en esa población, transitan sin placa todo el día. La Alcaldía espera que la Policía controle los autos robados.

Entre tanto, el alcalde de Rurrenabaque, Julio César Cavinas, manifestó estar sorprendido por la cantidad de vehículos indocumentados que llegan desde Oruro.

“Nos dijeron que nos inscribamos al RUAT y nosotros en 15 días vamos a emitir placa nacional para los vehículos que estén legales. No nos podemos comprometer con los indocumentados. Eso es con la Dirección Departamental de Prevención y Robo de Vehículos (Diprove)”, declaró.

Los importadores legales de vehículos lamentaron que las autoridades de la Aduana Nacional, los efectivos del Control Operativo Aduanero (COA) y el Gobierno, no hagan lo suficiente para impedir la internación ilegal de carros.

Feniud Ayaviri, representante de los importadores, informó que los sectores sociales en varias regiones esperan una nueva regularización de vehículos, como la que se hizo hace dos años. Objetó también que para la desaduanización, se paga hasta $us 4.000 de un vehículo con una cilindrada de 1.000 cm3, costo que no compite con un ‘chuto’, que cuesta casi lo mismo y puede circular sin control.

La Aduana busca varias alternativas para intervenir zonas afectadas por la ilegalidad vehicular, no militar

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