Los 236 automóviles que fueron internados al país por una sola persona con valor subfacturado fueron legalizados y pasaron sin ninguna novedad los controles aduaneros en la frontera.
Una investigación realizada por la Cámara Automotor Boliviana sobre este mecanismo para internar vehículos cero kilómetros al país llegó a esa conclusión. Los autos no son adquiridos de una empresa o casa matriz distribuidora en el exterior.
Cualquier mercadería que ingresa a territorio nacional debe pasar por los respectivos controles aduaneros y pasar el canal rojo para su respectiva revisión y cumplimiento de obligaciones tributarias.
Página Siete reveló en su edición de ayer que los 236 motorizados fueron nacionalizados con el pago de tributos por 12,7 millones de bolivianos, aunque de acuerdo con las tablas de la Aduana Nacional deberían haberse legalizado con la cancelación de 16,2 millones de bolivianos. Esto implica que el Estado dejó de percibir 3,4 millones bolivianos en impuestos o un 27,2% menos.
Sin embargo, si los automóviles hubieran sido adquiridos de un distribuidor o dealer oficial tendrían que haber tributado 18,6 millones de bolivianos. En este caso las pérdidas reales para el Estado suben a 5,9 millones de bolivianos, porque se nacionalizaron con un 46,4% por debajo de su valor real.
El Código Tributario, en su artículo 165, señala que "El que por acción u omisión no pague o pague menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el 100% del monto calculado por la deuda tributaria”.
La base imponible sobre la cual se debe liquidar el IVA y la alícuota porcentual del Impuesto al Consumo Específico está constituida por el Gravamen Aduanero y otras erogaciones impositivas.
Esto significa que los compradores finales de los 236 automóviles, si es que se hace una investigación, podrían ser obligados a cancelar los tributos que se omitieron al ingreso a territorio boliviano durante la legalización.
Página Siete informó el miércoles que hay importadores que se dan a la tarea de internar motorizados con documentos fraudulentos (factura comercial), para evitar el pago de aranceles e impuestos o recurren al registro de un valor o precio inferior al valor real.
Este medio consultó a la Aduana Nacional sobre los controles que se ejercen y en la entidad se limitaron a señalar que conocen la denuncia, que es investigada.
El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Érik Ariñez, sostuvo que esa entidad no puede
No hay comentarios:
Publicar un comentario