La Confederación de Choferes de Bolivia amenazó ayer a la Superintendencia de Transportes con parar y bloquear las carreteras del país el 8 de agosto, si es que hasta el 7 no autoriza la elevación de los pasajes del transporte público urbano.
La medida fue definida ayer por las nueve federaciones afiliadas a la organización en un ampliado de emergencia que se cumplió en La Paz, que duró más de cinco horas.
Desde principios de año, la Superintendencia elaboró varios estudios técnicos para establecer los costos operativos del autotransporte, los cuales remitió al Viceministerio de Transportes para su respectiva publicación. De acuerdo con los choferes, los documentos plantean, por ejemplo, aumentar en 50 centavos los pasajes en el caso de Cochabamba.
El Superintendente insistió en que el Viceministerio debe hacer conocer los estudios y rechazó la amenaza de la Confederación, la que también pidió su cambio. Aseguró que esa actitud “es oportunista” porque surge en momentos en que el Gobierno negocia su pliego petitorio y ya atendió varias de sus demandas. Entre ellas, el programa de conversión de gas natural vehicular y la dotación de viviendas.
Precisó que el incremento no es una decisión sólo de carácter regulatorio, sino del Gobierno porque repercute en la economía, sobre todo en el aumento de la inflación.
Los choferes justifican el alza en el incremento del costo de vida y de los repuestos.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, aseveró que “las amenazas del sector no prosperarán” porque la población se opondrá a ello.
Calificó las amenazas como “políticas”, pues el alza de pasajes es “delicado” y los choferes quieren aplicarlo por la fuerza tres días antes del referéndum revocatorio de mandato, del 10 de agosto, cuando se definirá la continuidad del presidente Evo Morales y de ocho prefectos.
Además recordó que no existe motivo para un incremento de pasajes ya que los choferes son los más beneficiados con el subsidio al diésel, que le cuesta 40 millones de bolivianos al Tesoro, y con el congelamiento del precio de la gasolina en 3,74 bolivianos el litro desde 2004.
Durán negó fines políticos, pero afirmó que su sector esperó varios meses por una respuesta de la Superintendencia y que ya no otorgará más plazos.
El dirigente anticipó que luego del referéndum irán a un ampliado para reanudar la presión.
La medida fue definida ayer por las nueve federaciones afiliadas a la organización en un ampliado de emergencia que se cumplió en La Paz, que duró más de cinco horas.
Desde principios de año, la Superintendencia elaboró varios estudios técnicos para establecer los costos operativos del autotransporte, los cuales remitió al Viceministerio de Transportes para su respectiva publicación. De acuerdo con los choferes, los documentos plantean, por ejemplo, aumentar en 50 centavos los pasajes en el caso de Cochabamba.
El Superintendente insistió en que el Viceministerio debe hacer conocer los estudios y rechazó la amenaza de la Confederación, la que también pidió su cambio. Aseguró que esa actitud “es oportunista” porque surge en momentos en que el Gobierno negocia su pliego petitorio y ya atendió varias de sus demandas. Entre ellas, el programa de conversión de gas natural vehicular y la dotación de viviendas.
Precisó que el incremento no es una decisión sólo de carácter regulatorio, sino del Gobierno porque repercute en la economía, sobre todo en el aumento de la inflación.
Los choferes justifican el alza en el incremento del costo de vida y de los repuestos.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, aseveró que “las amenazas del sector no prosperarán” porque la población se opondrá a ello.
Calificó las amenazas como “políticas”, pues el alza de pasajes es “delicado” y los choferes quieren aplicarlo por la fuerza tres días antes del referéndum revocatorio de mandato, del 10 de agosto, cuando se definirá la continuidad del presidente Evo Morales y de ocho prefectos.
Además recordó que no existe motivo para un incremento de pasajes ya que los choferes son los más beneficiados con el subsidio al diésel, que le cuesta 40 millones de bolivianos al Tesoro, y con el congelamiento del precio de la gasolina en 3,74 bolivianos el litro desde 2004.
Durán negó fines políticos, pero afirmó que su sector esperó varios meses por una respuesta de la Superintendencia y que ya no otorgará más plazos.
El dirigente anticipó que luego del referéndum irán a un ampliado para reanudar la presión.
No hay comentarios:
Publicar un comentario