Representantes de los departamentos de Potosí, Tarija y Chuquisaca, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y el Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda, analizan hoy la situación de la constructora brasileña Queiroz Galvao.
En el encuentro que se realizará en la ciudad de Potosí, entre las partes interesadas se pretende buscar alternativas para garantizar la conclusión del proyecto vial en el tiempo más corto posible.
También se tomará en cuenta las condiciones impuestas por la constructora brasileña con el pago de 17 millones de bolivianos para terminar la construcción de esa ruta interdepartamental, Tarija Potosí.
La ABC afirma que tiene como prioridad garantizar la construcción total de la obra, además de restaurar los defectos en varios puntos de la infraestructura, aspectos por lo que el Gobierno observó la construcción de la ruta a cargo de la constructora brasileña.
Propuesta
Queiroz Galvao puso 15 condiciones para cumplir el acuerdo al que se llegó a principios de la gestión que finaliza. Dicho convenio es en el marco de la suscripción de un contrato “llave en mano” por un monto de 226 millones de dólares.
Entre las condiciones de la firma constructora se encuentran el de reconocer el derecho de cesión de contrato para la ejecución y finalización de la obra a otra empresa brasileña, en este caso sería la constructora OAS.
Pidió también someter a arbitraje la diferencia económica que existe en controversia entre los acuerdos suscritos: 226 millones de dólares y la propuesta realizada por Queiroz Galvao de 271.891 millones.
Otra de las exigencias es que no se observen los trabajos ejecutados y certificados por la constructora brasileña, a excepción de las losas que presentaron fisuras y comprometidas por Queiroz a ser reparadas por la brasileña OAS sin costo adicional para la entidad caminera.
De la misma manera, la cancelación, por parte del Servicio Nacional de Caminos (SNC) en liquidación, de la suma de más de 17 millones de dólares por concepto del arbitraje ejecutoriado el 2000 a favor de Queiroz.
Este último aspecto, en especial, es el que se analizará hoy en la ciudad de Potosí entre representantes de los departamentos involucrados en la obra junto a la ABC y la cartera de Servicios y Obras Públicas.
Según la presidenta de la ABC, Patricia Ballivián, en la última propuesta técnica económica que presentó la Queiroz asumió un costo por encima de 45 millones de dólares adicionales que requería, con lo que en total se hacía un monto de 271 millones de dólares, que fueron negado por la entidad caminera que le pidió a la constructora que rectifique esa posición.
Como respuesta Queiroz dijo que sea los 226 millones de dólares iniciales y acordados, pero con ciertas condiciones, entre ellas los arbitrajes que fueron ejecutoriados el año 2000 a favor de la Queiroz, lo que suma un monto de alrededor de 15 a 17 millones de dólares como pagos a Queiroz en el marco del juicio ganado.
La constructora brasileña ganó el 2000 un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) al entonces Servicio Nacional de Caminos por daños y perjuicios por un retraso de pago para la construcción del tramo Tarija-Potosí.
Con todo, tras ese accionar que se conoció la pasada semana se determinó realizar el encuentro entre autoridades de los tres departamentos involucrados y el Gobierno para definir si Queiroz continúa con la construcción de la carretera hasta su conclusión o no.
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