El 10 de enero de este año, una familia boliviana que viajó de vacaciones a Iquique, Chile, a bordo de un jeep Montero Sport 4 x 4 comprado en Santa Cruz, fue aprehendida en un puesto de control rutinario por los Carabineros, quienes detectaron que el carro había sido robado en Las Condes, Santiago, el año 2005. La familia, integrada por un matrimonio de profesionales y tres niños, quedó estupefacta al ser acusada de receptación de un vehículo robado.
EL DRAMA
La familia había arrendado un departamento en el sector sur; presenció el Rally Dakar y al regresar por la ruta costera una patrulla de carabineros fiscalizó su jeep. En Chile, los vehículos registrados llevan inscripciones de la patente en todos los vidrios y ése fue precisamente el detalle que la Policía chilena advirtió en una de las ventanas del jeep que además tenía placas bolivianas, la tercera placa, inspección vehicular y SOAT bolivianos.
La revisión del chasis confirmó que el motorizado había sido robado en Chile, pero de alguna forma había sido introducido a Bolivia donde le dieron una nueva identidad.
El verdadero propietario del Montero Sport fue convocado por los carabineros y éste se mostró sorprendido porque después de cinco años del robo su vehículo apareció en manos de una familia boliviana. El hombre ya no estaba interesado en recuperar este carro porque el seguro ya le había repuesto otro. Después de prestar declaraciones por horas, los bolivianos fueron dejados en libertad por el fiscal. La esposa, de profesión abogada, juró que jamás hubiera comprado el carro si se enteraba que era robado, pero confió en el respaldo que le ofreció un negocio de vehículos cruceño. El jeep Montero fue adquirido el año 2006 en 12.000 dólares. La abogada explicó que el coche tenía toda la documentación en regla en Bolivia y que incluso estaba inscrito en el Registro de Vehículos Tributario (RUAT). Es más, antes de comprar el jeep lo habían revisado en dependencias de la Aduana boliviana, por lo que no dudaron de su procedencia. Lamentablemente, las vacaciones de esta familia terminaron con la pérdida de su inversión y una gran vergüenza ante las autoridades chilenas.
MAFIAS
Como esta familia existen centenas en el país que podrían perder su vehículo de lujo si se les ocurre pasar la frontera hacia Chile. Lo ocurrido en Iquique fue una noticia de amplia difusión el 11 de enero en diferentes periódicos chilenos, junto al importante dato de que sólo en el año 2010, al menos 400 vehículos robados en Chile ingresaron a Bolivia para ser revendidos a través de los enlaces con los que cuentan las bandas delictivas internacionales en diversos puntos de Chile, en las fronteras y en las ciudades bolivianas.
Esta cifra es mínima y sólo corresponde a los vehículos de lujo que tenían un chip de control satelital (GPS) y que fueron rastreados y detectados por el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos de Chile (SBVC) mediante el Google Earth, entrando a territorio boliviano e internándose en comunidades altiplánicas. Sin embargo, la Policía chilena maneja la hipótesis de que son 2.000 los vehículos robados que están en Bolivia. Según datos de las aseguradoras chilenas, 88 vehículos son robados en su país cada día. Y al menos el 10 por ciento de esos carros son internados a Bolivia por 14 rutas de caminos alternos en los que no existe el menor control.
Además, existe una cifra indeterminada de vehículos sin GPS robados en Chile, Argentina y Brasil, que entran a diario a Bolivia, para formar parte del parque automotor. Frente al anuncio de una probable nacionalización de vehículos indocumentados en el país, las aseguradoras ya expresaron su preocupación y temen que el índice de robos de vehículos aumente mucho más.
COMO CHUTOS
Pero, ¿cómo logran estas bandas trasladar estos vehículos a Cochabamba, Santa Cruz, La Paz y otras ciudades del interior? Sin lugar a dudas como carros indocumentados o “chutos”. Empero, necesitan de una estructura parecida a la de un pulpo, con brazos operativos en instituciones “claves”, para dotar a esos vehículos de una identidad “legal” que garantice su venta y su circulación por las calles del país.
En ese sentido, los policías bolivianos y algunos funcionarios de Aduana son una pieza clave en el engranaje de cualquier mafia que quiera internar vehículos robados en Bolivia, sin observaciones. Desde el año 2007, los robos en Chile aumentaron de tal manera que el 24 de agosto de 2009 el fiscal General de Chile, Sabas Chahuán, le envió a su homólogo de Bolivia Mario Uribe, una petición de asistencia penal en base a lo dispuesto por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional (firmada en Palermo el año 2000) y otros acuerdos y protocolos internacionales. Chahuán le informa a Uribe que existe una organización de personas que se dedica al robo violento de vehículos de lujo en Santiago y otras ciudades, para luego trasladar los carros al norte de Chile, donde son entregados a ciudadanos bolivianos, quienes los conducen por pasos fronterizos no habilitados por las regiones de Tarapacá y Antofagasta, hasta internarlos a Bolivia.
Según la investigación chilena, los vehículos robados son comercializados en Santa Cruz (después se supo que llegan también a Cochabamba, a Trinidad y otras ciudades). En 2009, los compradores de estos carros robados pagaban entre 3.500 y 5.000 dólares por cada vehículo robado, a través de envíos de dinero a empresas de giros internacionales.
Los chilenos lograron identificar a los miembros de la organización en ese país y en abril de 2009 detuvieron a 13 de ellos. Sin embargo, la misma investigación identificó que ciudadanos bolivianos formaban parte de esta red desde Bolivia, desde antes de 2008. Unos adquirían los vehículos robados con pleno conocimiento de su origen ilícito, otros colaborando como conductores de los vehículos o como encargados de los envíos de dinero.
El fiscal Uribe designó fiscales en Oruro, Cochabamba y Santa Cruz para investigar esta denuncia, en el marco de la Operación Manco Kapac.
Aunque el fiscal chileno Chahuán dio una lista de los bolivianos implicados, en los hechos no existen presos en Bolivia por este asunto y la red, al parecer, se ha rearticulado.
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