El proyecto de Ley de Saneamiento de Vehículos establece multas que van del 25 al 100 por ciento sobre el tributo aduanero pagado, como uno de los requisitos, para legalizar el carro indocumentado.
La mencionada propuesta, que ya fue aprobada en el Senado y que se encuentra en la Cámara de Diputados para su tratamiento y aprobación en los próximos días, establece el gravamen en el artículo 3 como un requisito para el saneamiento del vehículo.
El artículo señala que los propietarios o poseedores de vehículos automotores se presentarán en la administración aduanera portando el certificado emitido por la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) que acredite la inexistencia de denuncia de robo del vehículo.
Pero además de ello, la norma señala que el propietario debe realizar el “pago de los tributos aduaneros aplicables a su importación sobre las tablas de valores y depreciaciones que apruebe la Aduana Nacional” y también “una multa equivalente al cincuenta por ciento del tributo aplicable”.
En el caso de los vehículos a gas natural vehicular (GNV), la norma señala que la multa aplicable será del 25 por ciento del tributo, y en el caso de los coches a diésel, la multa alcanzará al 100 por ciento.
En en el caso de la maquinaria agrícola y tractores, el importe será del 25 por ciento.
Entre las voces de rechazo que surgen al proyecto de amnistía para estos vehículos, saltó la preocupación sobre el suministro energético para el parque automotor.
El ministro de Hidrocarburos, José Luis Gutiérrez, afirmó ayer la existencia de los cupos necesarios de los carburantes para abastecer la demanda del mercado nacional.
Gutiérrez, además, hizo un llamado a la población para que “haga un uso racional de los carburantes”.
En tanto, YPFB-Refinación anunció que ampliará la capacidad de producción de combustibles, de 44.800 a 68.500 barriles por día en las dos plantas: Gualberto Villarroel de Cochabamba y Guillermo Elder Bell de Santa Cruz.
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