Sorprendida por lo que observaba se acercó a la tienda y comprobó que varias de las piezas que estaban siendo expuestas para la venta pertenecían a su vehículo.
Al descubrir lo que sucedía acudió a la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) instancia que inició una investigación a los responsables de la tienda.
A los pocos días, la Policía descubrió que se trataba de una banda que realizaba robos de vehículos, los desmantelaba y los llevaba a una tienda del conocido mercado de autopartes para su venta.
Ahora, el mecánico que además es propietario de una tienda en la avenida Aroma está en libertad bajo la medida de arraigo, sin embargo, la dueña del vehículo robado no recuperó ni el 50 por ciento del motorizado.
El caso de Inés es solo uno de muchos que a diario se registran en la avenida Aroma.
Varias víctimas de robos de autopartes han encontrado en este sector sus propios retrovisores, radios, faroles u otros accesorios que les fueron sustraídos días u horas antes.
Aunque es un secreto a voces que en esta zona se pueden comprar autopartes robadas, el negocio de estos implementos para vehículos está camuflado entre tiendas que demuestran legalidad.
De un aproximado de 500 negocios que se encuentran establecidos en la zona, solamente unos 150 están afiliados al Sindicato 23 de Marzo, que de alguna manera intentan autorregularse.
El vicepresidente del sindicato, Eloy Espíndola, reconoció que hay negocios ilegales en la zona que se dedican a comercializar cosas robadas, pero sostuvo que entre sus 150 afiliados está prohibido comprar mercadería de cualquier tipo en Bolivia.
“Todas las autopartes usadas que vendemos son importadas de Japón, pero no podemos controlar a todos. Hay personas que no son afiliadas y hacen lo que quieren. Hay que reconocer que hay cosas robadas, pero no de los negocios legales”, señaló.
Manifestó que también es común ver en la zona personas que ofrecen a las tiendas ciertos autorepuestos de dudosa procedencia.
Aunque esto sucede con frecuencia y ante la vista de comerciantes, ciudadanos y autoridades, los controles para acabar con este comercio ilegal son pocos.
Entre los comerciantes que están sindicalizados existe una autorregulación, control y hasta sanciones para quienes incurren en la compra de mercadería en Bolivia.
Sin embargo, hay muchos negocios que no están afiliados y se dedican a este comercio sin ningún control.
ESPORÁDICOS
Diprove solo realiza operativos cuando hay denuncias de ciudadanos que encuentran sus autopartes robadas en el mercado y quieren recuperarlas.
Esta repartición policial realiza también operativos de manera esporádica, entre tres y cuatro veces al año.
En estos operativos a menudo se encuentran artículos de dudosa procedencia, que no tienen un respaldo documentado de su importación.
El subalcalde de la Comuna Adela Zamudio, Enrique Soria, reconoció por su parte, que los controles son casi inexistentes de parte del Municipio.
La falta de control sobre este negocio llega a tal punto que la Alcaldía desconoce el número de comerciantes que tienen licencia de funcionamiento en este sector.
“Recién se han cambiado las normativas, tenemos un nuevo decreto de patentes y en base a eso vamos a comenzar a realizar los controles y a exigir a los comerciantes que cuenten con sus licencias”, manifestó Soria.
Explicó que el Municipio puede hacer muy poco con esta actividad, debido a que los permisos que los comerciantes tramitan tienen que ver estrictamente con la venta de artículos.
“El problema para nosotros es que no sabemos qué van a vender. Estamos abocados al predio y creemos en la buena fe de la gente”, dijo la autoridad.
Con una declaración jurada, el comerciante puede obtener la licencia de funcionamiento en 48 horas, y ése es el único respaldo que tiene el Municipio para regular la actividad.
Soria indicó que ellos no pueden verificar la procedencia de la mercadería, pues incluso los primeros controles se realizan cuando el negocio ya está en funcionamiento y no antes.
La labor de la Alcaldía, puntualizó Soria, está limitada a solamente otorgar los patentes si el solicitante cumple con todos los requisitos que se requieren.
Entre los requisitos están el espacio físico, una persona responsable en el punto de venta, además de la cancelación por la patente.
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