21 julio 2014

Dueños de autos chutos exigen diálogo y no dejarán confiscar

Tras el anuncio que hizo el presidente Evo Morales de que no habrá una nueva nacionalización de autos indocumentados, el dirigente de la Asociación de Vehículos Indocumentados del Trópico, Félix Mamani, exige diálogo con el Gobierno y advierte que no permitirán que les incauten sus autos.

Frente a esa posición, el presidente de la Cámara Automotor Boliviana, Érick Saavedra, sugirió que el Gobierno no dé marcha atrás con sus planes.

Mamani, que representa a unos 4.000 propietarios de autos chutos, explicó a EL DEBER que en estos días organizarán una reunión con sus bases para definir las medidas a asumir.

El dirigente aseguró que, además de su asociación, existen otros grupos que se han formado en varias partes del país a propósito del conflicto, como en Chulumani, Coroico, Rurrenabaque y en los valles de Cochabamba.

La Aduana Nacional informó de que a través del sistema B-Sisa, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se identificaron 10.595 placas clonadas en el país. También determinó que hay 7.512 placas robadas, 5.483 placas inexistentes y 10.107 que aparentemente serían de los indocumentados. Es decir, un total de 33.697 autos chutos.

Al respecto, Mamani manifestó que una vez que los vehículos indocumentados ingresaron al país, la gente se dio ‘modos’ para conseguir todo lo que se requería, como placas clonadas, rosetas falsas del SOAT y las etiquetas del B-Sisa. “Es un círculo vicioso”, reconoció.

Confrontar a los ilegales

Érick Saavedra, presidente de la Cámara Automotor Boliviana, manifestó que las normas y leyes son para todos, por lo que es ilógico que gente que trae vehículos en condiciones ilegales exijan que se les regularice.

Saavedra aplaudió las medidas de la Aduana y sugirió al Gobierno no entrar en diálogo con esta asociación de personas que trabajan en la ilegalidad.

El economista Gary Rodríguez expresó que si el Gobierno quiere dar una señal contundente contra el contrabando, debería ir frontalmente contra esa asociación ilegal. “De no hacerlo, se podría interpretar como una permisividad”, manifestó

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