Una denuncia particular puso en evidencia que el comerciante James Kung Wu, de nacionalidad estadounidense, generaba desde Iquique (Chile) los canales para la venta, en el último año habrían sido 4.000 unidades, de vehículos 0 km con facturas subvaloradas.
Por la gravedad del hecho, el juez 1ro de Instrucción en lo Penal de La Paz ordenó la detención con fines de extradición de este ciudadano, que radica en Iquique (Chile).
El trámite fue remitido a la Corte Suprema de Chile, que emitió el proceso de extradición y en consecuencia ordenó que se proceda a su detención preventiva con fines de extradición.
Javier Camacho, abogado de Jaime Maidana, que resultó afectado por Kung Wu, se encuentra en Iquique e indicó que fue Interpol la que cumplió con el mandamiento de aprehensión del comerciante, ingresando al local comercial de su propiedad en la Zona Franca de Iquique.
“Los uniformados mostraron el mandamiento de aprehensión enviado por la Corte Suprema de Chile e inmediatamente fue puesto a disposición de Gendarmería”, dijo Camacho.
Los autos ‘grises’
En marzo de 2017, EL DEBER informó de que grupos organizados, conformados por bolivianos y extranjeros, que son autorizados desde Oriente Medio, China y Estados Unidos se han instalado en la Zona Franca de Iquique (Zofri), en Chile, y ofertan vehículos con facturas con un valor inferior al que llega a ese territorio.
Es decir, se aplica un sistema de subfacturación que perfora los controles aduaneros fronterizos en Chile y principalmente en Bolivia.
Por ejemplo, un Toyota Hilux 2016, que vale $us 31.000, subfacturado a un costo de $us 17.000. En Bolivia, la nacionalización del vehículo tuvo un costo de alrededor de $us 5.000. Pero, si se hubiese tomado en cuenta el precio real, $us 31.000, el usuario debería haber pagado más de $us 10.000, según la cotización de una agencia despachante.
En su momento Luis O. Encinas, gerente general de la Cámara Automotor Boliviana (CAB), señaló que el problema está en las normas, por lo que, a su criterio, las mismas deben ser oportunas, eficientes y eficaces. “El daño económico al país es de unos 100 millones de dólares por año por la subfacturación de vehículos. Insisto, el verdadero problema está en las normas”, indicó Encinas.
Para el analista Jorge Ramos, la subfacturación es una nueva manera de evasión tributaria, en la que no solo participa el comerciante, sino también el comprador que acepta la propuesta de bajar el precio para pagar menos tributos.
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